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Real Decreto 183/2015, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008.

Principales novedades y modificaciones que aporta este nuevo Real Decreto al marco normativo de la Responsabilidad Ambiental en España:

  • Se establece que los operadores de las actividades con escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, quedan exentos de la obligación de constituir garantía financiera y, por lo tanto, de realizar análisis de riesgos medioambientales.
  • La constitución de garantías financieras solo será obligatoria para los operadores de mayor riesgo:

   1. Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (SEVESO) en los que intervengan sustancias peligrosas.

   2. Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC).

   3. Los operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros clasificadas como de categoría A de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

  • Se propone una nueva metodología para el análisis de riesgos, basada en el cálculo de un Índice de Daño Medioambiental (IDM) y la cuantificación y monetización del escenario más grave. Para ello se crea el nuevo Anexo III («Metodología para la estimación de un índice de daño medioambiental asociado a cada escenario accidental»);
  • La verificación del análisis de riesgos queda sustituida por una declaración responsable del operador. Para ello se crea el nuevo Anexo IV («Contenido mínimo de la declaración responsable prevista en el artículo 33»), donde el operador debe declarar que el citado análisis y la constitución de la garantía financiera se han llevado a cabo cumpliendo con todos los requisitos impuestos en la Ley y el Reglamento; y
  • Una serie modificaciones de menor impacto que, por la experiencia adquirida desde la publicación de la Ley y su Reglamento, se introducen con la finalidad de precisar, corregir o eliminar determinados aspectos.

Su entrada en vigor tendrá lugar el 27 de abril de 2015, fecha en la que las modificaciones introducidas se implementarán finalmente.

Conviene destacar que este Real Decreto no altera la obligación que ya tenían todos los operadores del anexo III de la Ley de adoptar las medidas necesarias para prevenir su causación o para devolver los recursos naturales dañados al estado inicial en el que se encontraban antes de la causación del daño. Por lo tanto el carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de prevención y de quien contamina paga, de la Ley 26/2007 no se ven alterados por las exenciones a la obligación de constituir garantía financiera previstas este Real Decreto 183/2015.

 

Para más información no dude en consultarnos en info@sengeos.com

Texto legal completo: http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3716.pdf

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Nuevo Decreto 18/2015 de suelos contaminados en Andalucía

El Gobierno de Andalucía ha aprobado el Decreto 18/2015 que regula el régimen jurídico y técnico aplicable a la gestión de los suelos contaminados y a las actividades susceptibles de ocasionar impacto ambiental en los mismos. 

La norma establece la relación de estas actividades y los criterios para la calificación de los terrenos. Asimismo, regula las competencias específicas de los ayuntamientos, entre ellas las relativas a la declaración, delimitación, aprobación de planes de descontaminación o desclasificación de los suelos contaminados situados en sus términos municipales.

Entre las herramientas de gestión, el decreto establece:

  • La realización de dos inventarios, uno de suelos contaminados ya declarados y otro de potencialmente contaminados;
  • La elaboración de programas quinquenales con medidas para la prevención de la contaminación potencial y recuperación de los terrenos históricamente afectados;
  • La obligación de los propietarios o titulares de suelos potencialmente contaminados a presentar ante la administración competente la solicitud de inicio del procedimiento de descontaminación. Los correspondientes trabajos deberán ser asignados a una empresa que será distinta de la entidad colaboradora encargada de la certificación de los resultados. En el caso de que los terrenos hayan soportado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante, el propietario deberá presentar un informe de situación cuando solicite una autorización para usos diferentes.
  • Los criterios técnicos necesarios para la realización de estudios de caracterización, análisis de riesgos, los niveles genéricos de referencia para los distintos contaminantes y los procedimientos para evaluar los emplazamientos afectados. En este sentido, la norma define suelo contaminado como aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente.

Los proyectos de recuperación de suelos se rigen desde 2005 por normativas estatales y autonómicas que atribuyen la responsabilidad de su realización a los causantes de la contaminación y, subsidiariamente, a los propietarios o poseedores de los terrenos.

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Enlace al texto oficial publicado en el BOJA: http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/38/BOJA15-038-00037-2880-01_00064157.pdf

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Modificación de la Ley de Responsabilidad Ambiental (en inglés)

The main amendments of the Environmental Liability Law in Spain (recently introduced through Law 11/2014), at a glance:

1. The term “environmental damage” is extended in order to include damages caused to the environmental status of marine waters.“Water damage” is now considered any damage that significantly adversely affects the ecological, chemical or quantitative status or the ecological potential of the waters concerned; or the environmental status of the marine waters concerned.

2. The scope of the Law now includes damages caused by public works of particular relevance promoted by the Spanish Central Government or by the governments of the Autonomous Communities (i.e. the different regions in Spain).

3. The amount that should be subject to a financial guarantee (i.e. insurance) will be determined by the operators according to the intensity and extension of the environmental damage that their activities may cause.

4. The minimum content of the insurance policy is now set in the Law.

5. The financial guarantee is now required, approximately, only to a 2% of the companies operating in Spain. However, for the rest of companies, the Environmental Risk Assessment is considered the best way to identify, assess, prevent and, if necessary, remediate any environmental damage.

For further information do not hesitate to contact us at info@sengeos.com

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